Denuncian a camaristas de la Ciudad que habilitaron clases presenciales en la Capital Federal

Lo hicieron legisladores porteños del Frente de Todos y la Fundación para la Paz y el Cambio Climático por "mal desempeño", prevaricato, sedición e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La Fundación para la Paz y el Cambio Climático denunció hoy ante la Justicia federal a los tres jueces porteños que ayer habilitaron las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires.

Se trata de los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Perugini y Nieves Macchiavelli quienes fueron acusados por "mal desempeño", prevaricato, esto es fallar contario a derecho, sedición e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los tres jueces como integrantes de la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad habilitaron el domingo al hacer lugar a dos amparos, las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires, en contra del decreto firmado por el Gobierno Nacional.

En su denuncia, los legisladores del Frente de Todos afirmaron que "una justicia que actúa priorizando la estrategia electoral de Horacio Rodríguez Larreta en un momento de grave crisis sanitaria y con argumentos carentes de sentido es una situación institucional grave".

Para los legisladores, el fallo de la Cámara porteña que suspendió la aplicación del artículo 2 del DNU 241/2021 en la CABA es "a todas luces arbitrario, temerario e incapaz de resistir el menor test de constitucionalidad y de razonabilidad".

En tanto, la denuncia de la Fundación para la Paz y el Cambio Climático pidió incluso que se investigue por coautoría a Rodríguez Larreta y a su vicejefe Diego Santilli por la medida judicial contraria al Gobierno nacional: “Los magistrados de la Ciudad últimamente parecerían ser la justicia privada del Jefe de Gobierno”, sostuvo.

Además se indicó que en el mundo muchos países adoptaron la educación a distancia sin presencialidad, por el coronavirus, y que incluso el propio Poder Judicial viene trabajando con esta modalidad.

Esta última denuncia recayó en el juzgado federal 9 a cargo de Luis Rodríguez, quien debe determinar si corre vista a la fiscalía para que impulse o no la investigación formal.

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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