Glovo, Rappi y Pedidos Ya, no pueden operar pero siguen trabajando

Las precarizadoras del delivery deberían no funcionar hasta que se ajusten a las leyes y blanqueen a sus trabajadores. El juez Roberto Gallardo decidió ponerle freno a las empresas y dispuso la inmediata suspensión y bloqueo de las aplicaciones que no hayan cumplido con lo prescripto en la Ley 5.526 y su reglamentación, es decir, todas. Glovo, Rappi y Pedidos Ya debieron frenar sus operaciones pero siguen trabajando.

Son parte de las empresas que mejor representan la era Macri: precarización, sueldos casi inexistentes, sin ART, empleados en negro y maltratados. Luego de las reiteradas denuncias y el accidente de un sexagenario que fue destratado por la app Glovo, un juez decidió parar la operación de esa empresa y también de Rappi y Pedidos Ya hasta tanto regularicen la situación de quienes emplean como encargados del delivery.

El magistrado Roberto Gallardo decidió ponerle freno a las empresas y dispuso la inmediata suspensión y bloqueo de las aplicaciones que no hayan cumplido con lo prescripto en la Ley 5.526 y su reglamentación, es decir, todas.

Sin embargo, las calles de Buenos Aires no reflejaron durante el fin de semana esa medida, ya que centenares de jóvenes y adultos mayores circulan como en los días anteriores. Parecen tener un poder importante las aplicaciones que poco y nada les dan a quienes emplean en negro con la excusa de que los "ayudan a conseguir clientes", según expresaron casi a coro representantes de las polémicas firmas.

Además, Gallardo ordenó a las empresas Visa Argentina S.A., Mastercard Cono Sur S.R.L., Tarjeta Naranja S.A. y American Express Agentina S.A. que dispongan la inmediata suspensión y bloqueo de las operaciones con sus tarjetas en las discutidas firmas de envíos.

Asimismo, el juez requirió a las tres empresas de delivery que presenten en el plazo de 48 horas la nómina del personal afectado al servicio de reparto, acreditando su correcta registración en cumplimiento de las normas laborales y previsionales, y haber entregado a cada conductor bajo su exclusiva cuenta y cargo: casco e indumentaria con bandas reflectivas reglamentaria, caja portaobjetos reglamentaria con sistema de ajuste al vehículo, comprobante de póliza de seguros personales y de riesgos del trabajo vigentes y copia de las libretas sanitarias.

En el mismo fallo, Gallardo prohibió que sean los empleados quienes paguen por esos equipos de trabajo. "Queda expresamente vedado a las empresas citadas obligar a los empleados a costear las provisiones establecidas», advirtió el magistrado. Y completó que una vez cumplido lo requerido, se decidirá acerca de la rehabilitación de su funcionamiento provisional.

A su vez, ordenó al jefe de la Policía de la Ciudad que disponga la realización de operativos en la vía pública para identificar a los conductores de ciclorrodados y motovehículos afectados al transporte de mercadería, con detalle de la empresa para la que prestan servicios, y verificar, en todos los casos, las condiciones de seguridad de su tarea diaria.


 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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