Buscarán aprobar esta semana el proyecto de
Acceso a la Información
La iniciativa sería aprobada con un amplio respaldo, ya que
el dictamen de mayoría que se debatirá en el recinto
logró el consenso de casi todos los bloques que, con algunas
disidencias, anticiparon que votarán a favor del proyecto.
Se trata de una deuda del Congreso y un reclamo de organizaciones
no gubernamentales y asociaciones civiles que fue tratado varias veces
en ambas cámaras pero que nunca logró suficiente consenso
como para llegar al recinto.
Al anunciar semanas atrás el envío al Congreso del
proyecto, el presidente Mauricio Macri destacó la importancia
del proyecto para lograr la transparencia en organismos públicos
y aseguró que la ley “va a permitir que cualquier persona
pueda pedir datos, documentos, registros y que el funcionario tenga
que contestar en 15 días, sino podrá ser sancionado".
La propuesta establece que todos los ciudadanos están habilitados
para pedir en forma gratuita información a cualquier organismo
de la Administración Pública Nacional y que la solicitud
deberá "ser satisfecha en un plazo no mayor de quince
días hábiles" con la posibilidad de ser prorrogada
"en forma excepcional por otros quince".
Ante la denegatoria de una información, el solicitante tendrá
un plazo de hasta 40 días para interponer un reclamo ante la
Agencia de Acceso a la Información Pública, organismo
que se creará a partir de esta ley, y que tendrá un
director elegido por el Poder Ejecutivo.
La Agencia de Información Pública será un organismo
autónomo y estará integrada por representantes de todas
las áreas del Estado, que serán designadas por el Ejecutivo
previo concurso de oposición y antecedentes, y con posibilidad
de remoción.
El titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, el
macrista Pablo Tonelli, puso de relieve la importancia de este proyecto,
al sostener que se pudo avanzar en esta ley "gracias al impulso
del Poder Ejecutivo que demuestra el compromiso real y concreto del
presidente Macri con esta iniciativa".
"El eje central es que la mayor cantidad de información
que posee el Estado sea pública y que las excepciones sean
lo más restringidas posible", señaló Tonelli.
Para el diputado de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez,
se trata de “una ley necesaria, más allá de las
disidencias que podamos tener, pero esta iniciativa es mucho más
amplia que todos los textos que se tomaron como base”.
La diputada del Frente Renovador, Graciela Camaño, anticipó
su respaldo al texto, al que se arribó luego de varias reuniones
de asesores y reconoció que “si no tenemos ley hasta
ahora es porque estamos impidieron que la haya”.
Por su parte, desde el Frente para la Victoria, Diana Conti, ex titular
de la comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara
baja, recordó que la iniciativa “ha recorrido un largo
camino” y si bien anticipó que el bloque acompañará
la iniciativa, planteó algunas disidencias al texto.
Entre otras cuestiones, la iniciativa busca garantizar el efectivo
ejercicio del derecho de acceso a la información pública,
promover la participación ciudadana y la transparencia de la
gestión pública.
La ley regirá para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
el Ministerio Público Fiscal, organismos centralizados, descentralizados,
empresas, sociedades estatales y cualquier entidad privada que reciba
subsidios o aportes del Estado Nacional.
La iniciativa viene a reemplazar al decreto 1172 de 2003 firmado
por el entonces presidente Néstor Kirchner porque esa medida
establecía el acceso a la información sólo en
el ámbito del Poder Ejecutivo, mientras que el proyecto enviado
por Macri abarca a también al Legislativo y al Judicial y otras
instituciones que tienen participación del Estado.