Unanimidad en el Senado para la ley que impide el 2X1 en delitos de lesa humanidad

El Senado de la Nación aprobó el miércoles por unanimidad y convirtió en ley la norma que prohíbe la aplicación del 2x1 a los condenados por delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra, luego de la polémica surgida tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició a un represor acusado de delitos cometidos durante la última dictadura militar.

En un debate de cuatro horas y media, la normativa impulsada por el oficialismo, con el aporte de diferentes sectores políticos, fue aprobada por 56 votos afirmativos.

El proyecto establece que el 2x1, previsto en el artículo 7° de la ley 24.390, "no es aplicable a delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra". En su segundo artículo sostiene que "será aplicable sólo a aquellos casos en los que el condenado hubiera estado en prisión preventiva durante la vigencia de la ley", entre 1994 y 2001.

El tercer artículo señala que lo dispuesto en los dos artículos anteriores es "la interpretación auténtica" del "dos por uno" y que "será aplicable a las causas en trámite".

La propuesta para limitar la ley del 2x1, que rigió entre 1994 y 2001 cuando fue derogada, recibió durante la sesión un amplio consenso político de las bancadas del FPV-PJ, incluido el ultrakirchnerismo, del Frente Progresista de Jaime Linares, del espacio que lidera Fernando "Pino" Solanas y de partidos provinciales que se expidieron en el transcurso del debate.

En representación del oficialismo, los senadores Federico Pinedo y Laura Rodríguez Machado afirmaron que el gobierno de Cambiemos tuvo una reacción rápida ante la polémica suscitada por el fallo de la Corte y manifestaron el "absoluto rechazo" a las posturas que indican que la administración de Mauricio Macri tiene una política permisiva con los delitos de terrorismo de Estado.

Senadores del Frente para la Victoria cuestionaron, no obstante, la política del gobierno nacional en materia de derechos humanos y a los jueces de la Corte que emitieron el fallo y fueron propuestos por el Gobierno, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

La oposición volvió a insistir con la ampliación de los miembros de la Corte Suprema, en los discursos del jefe del FPV-PJ, Miguel Pichetto, y del peronismo federal, Adolfo Rodríguez Saá, y pidieron que la jueza Elena Highton de Nolasco se aparte del cargo al cumplir los 75 años.

El ultrakirchnerismo, encarnado en las senadoras por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti y Virginia García, en tanto, conjeturó que el Poder Ejecutivo tuvo injerencia en la decisión de la Corte Suprema al emitir la sentencia en favor del represor Luis Muiña.

El radicalismo, que representaron senadores como Julio Cobos o Luis Naidenoff, expresó que el fallo de la Corte "va a contramano de lo que viene haciendo Argentina en derechos humanos y seguridad" y ratificó el respaldo a la política de derechos humanos del gobierno nacional.

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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