Opinión - por la Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades CTA Autónoma

"El Superior Tribunal de Justicia de San Luis tiene una oportunidad más para hacer prevalecer los derechos de las víctimas de violencia de género"

El 2 de diciembre de 2015, en un fallo ejemplar y que sentó un importante precedente para otros casos vinculados con la violencia de género, los jueces de la Cámara Penal Nº 2 de Villa Mercedes condenaron a Ernesto Ariel García a la pena de 10 años y 2 meses por el delito de homicidio calificado por el vínculo en grado de tentativa en concurso real con desobediencia a una orden judicial.

Hacía poco más de 2 años que había atacado salvajemente a su ex esposa, Jesica Orellano. En la vereda de su casa. 8 puñaladas le asestó, dejándole secuelas que le harán recordar este hecho toda la vida.

Cansada de sufrir agresiones verbales y físicas, Jesica lo había denunciado en octubre y la Jueza había dictado una restricción de acercamiento que él desobedeció.

A pesar del alegato machista y misógino del fiscal Rubén Alonso, que planteaba `circunstancias extraordinarias de atenuación de la pena´ en el juicio (porque aquellos hechos de violencia previos no habían sido declarados por sentencia judicial), los camaristas entendieron que “no es aceptable hacer prevalecer un criterio facilista que premie al hombre cuando comete hechos de agresión en contra de la cónyuge para luego ampararse en las llamadas circunstancias extraordinarias de atenuación, que se encuentran predispuestas en el Código para otro tipo de circunstancias ajenas a la voluntad del agresor, que para nada se configuran en la presente causa”.

Así, en consonancia con las “nuevas tendencias legislativas, doctrinarias y jurisprudenciales que atienden el creciente problema de violencia de género”, que “tiene un amparo especial a nivel supranacional en la `Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer´ (Convención de Belém Do Pará), directrices que a nivel nacional se plasman en la Ley 26.485” y a la que la provincia de San Luis adhirió en todos sus artículos, los jueces arribaron al veredicto por unanimidad.

Fue un fallo que restituyó un poco de valor a Yesica, que devolvió dignidad a ella y a todas las mujeres que cotidianamente viven situaciones de violencia… su voz había sido escuchada y tomada en cuenta. “Una justicia un poco más justa” en San Luis se abría paso para las víctimas de violencia de género.

Pero casi un año después, ante un recurso de casación presentado por la defensa del violento, el Superior Tribunal de Justicia de San Luis dio lugar a lo alegado por la parte. Y entonces, el Dr. Horacio Zavala Rodríguez, argumentando que es la Fiscalía quien tiene la facultad de acusar en ejercicio de la Acción Pública y que dictando una condena mayor (la de la Cámara Penal 2) se violaría uno de los principios del debido proceso y el derecho de defensa en juicio, resolvió reducir la pena al violento a la mitad. Zavala Rodríguez “entendió” que existían circunstancias atenuantes (¿cuáles serían?) y entonces, no sólo “premia” con este fallo el accionar violento previo del acusado (en un sentido totalmente contrario a los fallos actuales que intentan proteger a las damnificadas) dejando a la víctima en mayor estado de vulnerabilidad, sino que lo exime de las costas judiciales.

La Dra. Lilia Ana Novillo y el Dr. Omar Esteban Uría “comparten lo expresado”.

EL FALLO ES ARBITRARIO, SIGNIFICANDO UN RETROCESO PARA EL DERECHO PUNTANO. NO SÓLO PARA JESICA ORELLANO… ES UN REVÉS PARA TODAS LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN LA PROVINCIA Y VA A CONTRAMANO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE TANTO SE PROPAGANDIZAN DESDE LOS PODERES DEL ESTADO PROVINCIAL.

El día 8 de noviembre, y haciendo frente a un sinnúmero de obstáculos y algunas voces que intentaban disuadirla de continuar peleando por sus derechos, Jesica presentó un RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL amparándose en el artículo 14 de la ley 48, fundado en la “causal de arbitrariedad de sentencia por prescindir el Tribunal de prueba decisiva y por sustentar el fallo en afirmaciones dogmáticas”.

El Superior Tribunal de Justicia de San Luis tiene una oportunidad más para hacer prevalecer los derechos de las víctimas de violencia de género, para aplicar la ley 26.485 que en su artículo 2 inc. e) sostiene: la presente ley tiene por objeto la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres. Los Dres. Omar Uría, Horacio Zavala Rodríguez y Lilia Novillo tienen una posibilidad más para echar un poco de luz entre tanta tiniebla que habita los días de dolor, aislamiento y terror de muchas mujeres sanluiseñas que esperan una señal que les confirme eso que tantas veces escuchamos: que tienen derecho a vivir una vida sin violencia.

Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades CTA Autónoma.


 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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