El asesino que murió antes de que llegara su condena
A los 85 años, Albano Harguindeguy, en prisión domiciliaria
y sin que todavía le llegara una condena, falleció en
su casa de Malvinas Argentinas. Solía ufanarse de haber librado
a la sociedad “del marxismo” y reivindicaba las desapariciones.
Por Laura Vales para Página/12
A los 85 años, y mientras cumplía prisión domiciliaria
por crímenes de lesa humanidad, murió Albano Harguindeguy.
El general de división fue el responsable de la Policía
Federal en los años más sangrientos del terrorismo de
Estado. Fue jefe de la Federal primero, durante el gobierno de Isabelita,
y después ministro del Interior –cargo desde el que siguió
manejando la fuerza–, durante cinco de los siete años
que duró la dictadura. Considerado uno de los cerebros del
gobierno militar, alguna vez admitió su responsabilidad en
los secuestros, torturas y desapariciones sin ninguna vuelta. Sin
embargo, de las muchas causas judiciales en las que estaba procesado,
sólo llegó a ser llevado a juicio oral en una y todavía
no había sido condenado.
Harguindeguy escoltó a Videla como responsable de la cartera
política desde marzo del ’76 hasta marzo del ’81,
período en el que se produjeron la mayor parte de los crímenes
del terrorismo de Estado.
En 2003, durante un reportaje de la periodista francesa Marie-Monique
Robin, accedió a hablar de la represión ilegal. “Empezamos
bajo un gobierno constitucional y seguimos en un gobierno de facto”,
le dijo. Como era de prever, también defendió la dictadura.
Lo llamativo fue su estilo grandilocuente, megalómano: “Hicimos
lo que correspondía en cumplimiento del deber militar. Las
Fuerzas Armadas deben decirle al pueblo argentino: nosotros los libramos
de ser un país marxista”, declara en el documental. Y
después: “Tengo que reconocer que cometimos errores.
Si no cometiéramos errores seríamos dioses. Qué
aburrido sería un país gobernado por los dioses, sin
pecado, sin delito”.
Harguindeguy cumplía el arresto domiciliario en Los Polvorines,
en el municipio de Malvinas Argentinas, en una casaquinta más
que acomodada, ambientada con trofeos de caza, una afición
que en los ’70 compartió con el ex ministro de Economía
José Alfredo Martínez de Hoz.
Alegando problemas de salud, ése fue el lugar que eligió
para instalarse, evitando la cárcel, cuando en julio de 2004
la Justicia pidió su detención por los crímenes
cometidos en el marco del Plan Cóndor, y donde pasaría
los últimos ocho años de su vida.
Hasta ese momento, Harguindeguy no había tenido complicaciones
judiciales graves. No fue acusado, por empezar, durante el gobierno
de Raúl Alfonsín, de quien había sido compañero
en el Liceo Militar. En el juicio a las tres primeras Juntas fue llamado
como testigo, y allí declaró que como ministro del Interior
le llegaban pedidos para que algún detenido pudiera ser pasado
a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y fuera enviado
a una cárcel común.
Luego fue beneficiado con el efecto de las leyes de punto final y
obediencia debida, y más tarde Carlos Menem lo incluyó
en los indultos que dictó durante su presidencia.
“No van a aparecer”
Harguindeguy había sido, en el ’73, la máxima
figura militar del Operativo Dorrego, que las Fuerzas Armadas compartieron
con Montoneros haciendo trabajos sociales para auxiliar a las víctimas
de una inundación.
Años después, el ex jefe montonero Roberto Perdía
le atribuyó unas frases que Harguindeguy habría pronunciado
en un encuentro secreto entre ambos, supuestamente por el caso del
secuestro y la desaparición del jefe guerrillero Roberto Quieto.
“Nosotros no vamos a andar tirando cadáveres en los zanjones,
de ahora en adelante los cadáveres no van a aparecer. Nosotros
vamos a hacer otra cosa. Lo que ustedes conocieron hasta ahora fue
una ‘dictablanda’, como la de (Alejandro) Lanusse; la
nuestra sí va a ser una dictadura. No lo van a volver a ver
más a Quieto. En realidad, no volverán a ver a nadie
más”, habrían sido sus palabras, según
Perdía.
De hecho, Harguindeguy estuvo en un lugar clave para la represión
desde 1975, porque la entonces presidenta María Estela Martínez
de Perón lo designó al frente de la Policía Federal.
De las causas en las que, después del 2003 y con la anulación
de las leyes de impunidad, el represor pasaría a quedar procesado,
hay una que habla de la continuidad entre los meses previos al golpe
y los siguientes. Es la que investiga los crímenes cometidos
bajo la órbita de esa policía, en el centro clandestino
de Coordinación Federal –que funcionó en Moreno
1417, donde está el Departamento Central de Policía,
y otros CCD como el Garage Azopardo–. En este expediente, el
juez federal Daniel Rafecas consideró responsable a Harguindeguy
por 34 asesinatos y más de doscientos casos de secuestros y
torturas. La causa incluye un hecho ocurrido seis días antes
del golpe. Se trata de la fabricación de un falso “operativo
antisubversivo” en el que cuatro secuestrados fueron ametrallados
dentro de un automóvil, y el montaje apareció en los
diarios como si se hubiera tratado de un enfrentamiento armado. Las
víctimas fueron el médico Norberto Gómez y Elena
Kalaidjian, de quienes se sabe por testimonios de sobrevivientes que
fueron obligados a atender a otros secuestrados después de
las sesiones de tortura, y la pareja formada por Julio Enzo Panebianco
y Ana Teresa del Valle Aguilar, sobrina de la animadora Mirtha Legrand.
En la causa por el Plan Cóndor, el operativo en que las dictaduras
del Cono Sur coordinaron la represión, el juez federal Norberto
Oyarbide responsabilizó a Harguindeguy junto a Videla y otros
por el secuestro y aplicación de tormentos a trece ciudadanos
peruanos que fueron capturados en su país y trasladados a la
Argentina durante el Mundial de Fútbol de 1978.
El represor también había sido procesado por el asesinato
del obispo Enrique Angelelli por haber emitido “directivas precisas
para eliminar los grupos vinculados con el Movimiento de Sacerdotes
del Tercer Mundo”. El expediente había sido elevado a
juicio oral este mes. Un tribunal de La Rioja lo había procesado
por los crímenes de los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel
Longueville.
Un juicio oral
Este año había enfrentado su primer juicio oral, en
Entre Ríos. Allí debió responder por cuatro desapariciones
–Sixto Zalasar, Julio Solaga, Norma González y Oscar
Dezorsi, secuestrados entre mayo y noviembre de 1976– y veinticinco
casos de privación ilegal de la libertad y torturas cometidos
en las ciudades de Concordia, Gualeguaychú y Concepción
del Uruguay. De cara a las audiencias, Harguindeguy volvió
a alegar problemas de salud para no presenciar el juicio, y en la
jornada en la que debió declarar –-por teleconferencia–
permaneció cruzado de brazos y sólo respondió
con monosílabos.
Otra de las investigaciones que lo tenían como centro –y
en la que por supuesto hay otros investigados– tiene que ver
con las maniobras realizadas por los jerarcas de la dictadura para
quedarse con empresas y bienes de sus víctimas. Está
a cargo de la Comisión Nacional de Valores, que busca establecer
cómo la División Bancos de la Policía Federal,
el Banco Central y la CNV liquidaron bancos y extorsionaron empresarios
para obtener un botín de guerra. La causa remite a la estrecha
relación de Harguindeguy con Martínez de Hoz, que no
se habría limitado solamente a cuestiones de caza.
Con el ex ministro de Economía habían quedado coprocesados
en la causa por el secuestro extorsivo de los empresarios Gutheim.
Federico Gutheim y su hijo Miguel, propietario de la firma textil
Sadeco, fueron detenidos en noviembre de 1976, a raíz del decreto
2840 firmado por Videla y Harguindeguy acusados de socavar la paz
interior. Los empresarios recuperaron la libertad cinco meses después,
luego de declinar acuerdos comerciales que habían realizado
en beneficio de firmas de Hong Kong con los que la cartera de Economía
mantenía negociaciones.