Audiencias públicas por la tarifa del gasEl Fiscal Allende no se mostró confiado con el resultado al que se arribe
“Nos preocupa que este encuentro sólo haya sido una formalidad”, dijo Eduardo Allende refiriéndose a las audiencias que durante el fin de semana se llevaron adelante para determinar las nuevas tarifas para el gas. “Creo que se siguen tapando las orejas y no estuvieron escuchando lo que se dijo en la audiencia”.
Para el fiscal de Estado de San Luis, “el aumento de este servicio debe ser gradual, razonable, equitativo y transparente”.
Este domingo se dio oficialmente por clausurada la audiencia pública que dispusiera la Corte Suprema de Justicia, como ámbito que nucleara todas las posiciones acerca de tarifazo del gas natural. El encuentro, celebrado en la Usina del Arte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comenzó el pasado viernes por la mañana y cerró este domingo antes del mediodía, participando 420 oradores, cuyas ponencias fueron desarrolladas con un margen de cinco minutos cada uno.En representación de la Provincia asistieron el presidente de San Luis Energía SAPEM, Enrique Cabrera, y el fiscal de Estado, Eduardo Allende, cuyos planteos se enfocaron en la necesidad de transparencia y razonabilidad, como también que la prioridad debe estar centrada en los sectores más humildes y en los que generan empleo.
“En lo personal, la conclusión es muy satisfactoria, ya que tanto Enrique Cabrera como yo pudimos exponer muy claramente los criterios que deben seguirse para lograr un nuevo cuadro tarifario, razonable y equitativo –sostuvo Allende-, además de haber hecho valer los reclamos correspondientes, logrando mucho consenso. De todos modos, con una mirada macro, y tras haber escuchado en estos días al ministro de Energía, Juan José Aranguren, nos preocupa ver al Gobierno nacional cerrado en su postura e interpretación. Creo que se siguen tapando las orejas y no estuvieron escuchando lo que se dijo en la audiencia. Ojalá que eso se revierta y se tome realmente consideración contra este tarifazo irracional, caso contrario, y lamentablemente, el tema volverá a ser judicializado”.
El fiscal de Estado destacó la participación el viernes del presidente de San Luis Energía SAPEM, “que fue muy importante y clave, ya que le tocó cerrar la serie de presentaciones realizadas por productores y distribuidores de gas, que obviamente eran los únicos a favor del aumento. Cabrera fue el único representante de una empresa distribuidora que pidió que se tuviera en cuenta la protección de las pymes, de los comercios y de todos los usuarios que pudieran verse afectados, y fue el primero que destacó que el gas es un servicio público y, como tal, un derecho humano. Fue muy ovacionado ya que nadie esperaba que el representante de una empresa tuviera en cuenta todo este aspecto social y protección de las fuentes de trabajo”.
Allende, en su ponencia del sábado, parafraseó al gobernador Alberto Rodríguez Saá en cuanto a que “el aumento de este servicio debe ser gradual, razonable, equitativo y transparente”, al tiempo que remarcó un gran ausente en el tratamiento del conflicto: “El Estado nacional debió abrir su presentación y la propuesta de aumento determinando el valor del gas en boca de pozo, dato que si desconocemos no permite seguir estableciendo el resto de la cadena. En su lugar se presentaron números que plantearon desde la arbitrariedad de un escritorio, y cuando hablaron las petroleras, que producen el gas, tampoco dieron un informe técnico sobre cómo llegan a los valores que proponen. Lo serio es una auditoría para determinar los costos reales de la extracción del gas, con representación de las pymes, industriales y consumidores. Es fundamental saber el valor real de este servicio básico”.
El fiscal de Estado remarcó que “para la creación del nuevo cuadro tarifario deben tomarse en cuenta todas las ponencias que hubo en esta audiencia, caso contrario será una mera puesta en escena, una formalidad, y se daría lugar a que se judicialice nuevamente el tema. Lo más endeble es no tener un precio transparente del gas en boca de pozo”.
Durante la conferencia de prensa que brindó este domingo al mediodía, el ministro Aranguren adelantó que se aumentaría en un promedio del 203%. Sobre este punto, Allende se preguntó: “¿El 203% de qué? En Capital Federal hay una tarifa de entre 400% y 500% más barata que en el interior del país; entonces lo que corresponde es, primero, hacerlo equitativo para todo el país, y recién luego hablar de aumento”.
“El cuadro de tarifa propuesto por Aranguren, y en su momento las petroleras, está todo dolarizado, y frente a lo propuesto se tiran precios dolarizados y un aumento del 2.000% de acá al 2019, pero 2.000% en dólares. El mismo Gobierno está previendo un valor dólar para fines de 2017 a $20, lo que quiere decir que en un año hay que sumarle un 30% por la variación de la moneda”.
A cuento de lo anterior, Allende amplió uno de los puntos que planteara en su disertación: “El problema proviene del primer marco normativo del gas, que se dictó en la década del 90, durante el Gobierno menemista, cuando la economía estaba dolarizada. En la crisis del 2001 el Gobierno nacional debió salir a pesificar las obligaciones y la economía nuevamente, lo que trajo problemas durante los cuales se intervino el sistema de gas, dejó de manejarse como libre competencia y se establecieron arbitrariamente los precios desde el Estado nacional. Nunca más supimos realmente el costo de los servicios, que es lo que debió haber pasado en esta audiencia pública y no pasó. Hoy se está volviendo a dolarizar la economía, justo a poco de haber celebrado el Bicentenario de nuestra Independencia, cuando ningún otro sector de la economía está dolarizada, mucho menos los sueldos, pero sí el gas”.
El titular de la Fiscalía de Estado del Gobierno de San Luis insistió en que “para arribar a una solución justa de este tema deben cambiarse los paradigmas, porque la realidad es que el Gobierno nacional piensa en defender a las empresas, cuando las empresas se defienden solas, los poderosos se defienden solos. La prioridad deben ser los usuarios, las pymes y el comercio; a esos sectores hay que proteger, y también es necesario cambiar la visión de Gobierno nacional. Como siempre marca el gobernador Rodríguez Saá, las políticas de Estado deben implementarse desde la periferia al centro, en este caso desde las provincias más alejadas a la Capital Federal. Pero la verdad es que todas las políticas, no solamente este tema tarifario sino todas, son pensadas para Capital Federal y el Gran Buenos Aires, y por ahí, como mucho, para Córdoba y Santa Fe, y ahí se termina el país; cero federalismo. Creo que en algún momento los argentinos debemos replantearnos la situación poblacional, para que en las políticas de Estado se involucren los intereses de todas las provincias”, concluyó Allende, a modo de reflexión.
Allende rememoró que “en abril pasado, cuando tuvimos el primer intento de tarifazo por parte del Gobierno nacional, el gobernador Alberto Rodríguez Saá recibió gran cantidad de reclamos, sobretodo de los sectores más humildes, como también de las pymes, que generan gran cantidad de empleo, y del comercio. Frente a ello nos instruyó a realizar acciones judicial, por lo que iniciamos el correspondiente juicio en el Juzgado Federal de San Luis, donde planteamos que éramos conscientes del atraso tarifario del gas, pero esto, que es consecuencia de una política nacional de los últimos 12 años, debe tratarse de manera comprensible, racional y justa. Para ello tuvimos en cuenta lo que dice la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuando define al gas natural como un servicio público y un derecho humano para su uso y goce; por ello, el precio que todos pagamos debe permitirnos el desarrollo del resto de las actividades humanas y no condicionar la vida de la gente sólo a pagar el gas”.
“Logramos una medida cautelar, que creo que fue un ejemplo a nivel nacional, en la cual el Juzgado Federal impuso un máximo del 70%, tomando en cuenta la inflación de este año, del orden del 35%, más un porcentaje similar por aumento neto. Sostenemos y proponemos que se adopte este criterio, que lleva razonabilidad, para el aumento servicio y que se lo considere para los años venideros”.
El fiscal puntano resaltó un tema fundamental para el tratamiento del conflicto: “Es necesario transparentar el valor del gas en boca de pozo. Se ha hablado mucho en el marco de esta audiencia, pero la verdad no deja de sorprenderme que tanto el Gobierno nacional como las petroleras productoras no se han referido a esto. El Gobierno debió realizar una auditoría para lograr transparencia, en la que participaran los consumidores y usuarios aquí representados, las pymes, las cámaras de comercio y otros organismos, para saber cuál es realmente el valor del gas en boca de pozo; sino es como estar hablando de cuál será el precio del pan en la panadería si no conocemos el valor de la harina. Es un absurdo y no se puede avanzar”.
También hizo mención a las consecuencias de la tarifa dolarizada: “La Argentina abandonó casi su moneda en la década de los 90 con la Ley de Convertibilidad; esto generó un arrastre y trajeron estos problemas, pero a poco de celebrar el Bicentenario renunciamos nuevamente a la independencia dolarizando nuestra economía; no estamos de acuerdo y tampoco lo vamos a permitir”.
Allende recalcó que “debe contemplarse este nuevo cuadro para todos los usuarios. Desde Nación se dijo que la Corte sólo se refirió a los usuarios residenciales; esto es cierto, pero es algo técnico. Lo que la Corte dijo es que los únicos que estaban representados procesalmente en ese juicio eran los usuarios residenciales, pero de ningún modo avaló este aumento indiscriminado y absurdo al 2000% para el comercio y la industria. Queremos que esto se trate para todos los sectores y con mayor razonabilidad. También queremos que se trate la distorsión que existe entre Capital e interior, ya que estamos pagando tarifas superiores en un 400% ó 500% con respecto a lo que se paga en Capital Federal”.
A modo de conclusión, Eduardo Allende destacó el aspecto social y primario que acarrea el tarifazo: “Debemos, en este marco de alta desocupación y recesión, cambiar los paradigmas en que se trabaja para la nueva fijación tarifaria; se debe dejar de pensar en las empresas petroleras y proveedoras y pensar más en los humildes, en los comercios y en las pymes, como también pensar en una tarifa del gas desde la periferia al centro, es decir desde las provincias más alejadas a la Capital Federal”.
