Detectan irregularidades en la entrega de vivendas sociales

La interventora brindó un detalle de la investigación que han realizado

Ángela Gutierrez de Gatto dio un detallado informe de lo suecedido en los años 2014 y 2015 y las irregularidades que se detectaron. Funcionarios que no la habrían necesitado, la familia Aiello compradora de diez casas sociales, entre otras situaciones. Es de esperar que el avance de la investigación también permita determinar cómo compró su vivienda el Fiscal de Estado en Cerros Colorados y las casas gemelas de la familia Rodríguez Saá en el mismo lugar.

La interventora de la Secretaría de Urbanismo, Vivienda y Parques, Ángela Gutiérrez de Gatto, hizo un racconto de los primeros meses de trabajo y destacó varias irregularidades detectadas desde junio, cuando comenzó la investigación. En la ocasión habló sobre las graves irregularidades del Plan Solidaridad, de las casas de los planes Progreso y Sueños que fueron entregadas y no son habitadas, viviendas que fueron entregadas a funcionarios de la gestión anterior sin respetar el orden de prioridad de los inscriptos, y hogares que fueron adquiridos por grandes empresarios de San Luis. Asimismo informó sobre desadjudicaciones que legitiman ventas, expresamente prohibidas por la ley, venta de carpetas, cancelaciones anticipadas para poder vender las casas y falseamiento de datos. Finalmente anunció nuevas entregas, y adelantó que presentará un nuevo proyecto de Ley de Viviendas.

En la conferencia realizada este lunes en el despacho de la Secretaría de Urbanismo, Vivienda y Parques, la interventora a cargo desmenuzó varias temáticas que surgieron de la auditoría realizada desde junio, y presentó documentos y fotografías para avalar sus denuncias.

En referencia al Plan Solidaridad, la interventora de Vivienda detalló que se creó en febrero del 2012, nació con la idea de que se firmen convenios con los municipios a los efectos de que los beneficiarios de las casas las construyeran por el método de autoconstrucción, donde los municipios ponían los áridos y los terrenos, y Vivienda les entregaba los materiales.

“La mayoría de los beneficiarios eran mujeres de los sectores más humildes, y no comparto que habiendo existido dos planes, Progreso y Sueños y el Solidaridad, las hayan hecho trabajar. Eran mujeres a las que se les tomaba asistencia, y si faltaban porque tenían que cuidar a los hijos se las desadjudicaba. No puedo dejar de decir que me parece perverso”, sostuvo.

La funcionaria añadió que de los 33 municipios que firmaron convenios, solamente 5 terminaron las casas. “Se encararon 871 casas, de las cuales se finalizaron 498, y 373 están sin terminar. Tuvo muchas irregularidades el plan: la calidad edilicia, comienzan por autoconstrucción, luego se genera un decreto por el cual se permite hacer contrataciones directas hasta el monto de $2.500.000 y sin que haya ningún instrumento, se cambia la modalidad de la autoconstrucción y se contrata a empresas. A las empresas se les paga el servicio de la construcción y se les sigue entregando el material. Estamos organizando los remitos para ver a qué localidades fueron cada uno de los materiales que se dieron, no está claro el destino de los materiales. Hay mucho desorden con los remitos”.

“En La Toma, que fue un caso emblemático, se contrató a una empresa que se dedicaba a realizar tableros eléctricos; en ningún lugar figura que puede construir. En el Barrio Estrella del Sur en la ciudad de San Luis, en febrero se volaron los techos cuando vino un fuerte viento, por la calidad edilicia. Se llegaron a contratar empresas, no queda claro por autoconstrucción hasta qué parte del porcentaje estaba realizada. Se habla de etapas pero no queda claro, esa empresa no termina, se contrata a otra empresa para que termine. Pasamos desde los beneficiarios a dos empresas y las casas todavía están sin terminar. Se violó la reglamentación de contrataciones. Obviamente se pagó bastante”, sostuvo.

Por su parte, en Villa Mercedes, insistió que “a pesar de que la Ley de Obras Públicas lo prohíbe, se fraccionaron los gastos para no superar el monto autorizado; entonces se contratan tres empresas en simultáneo, a las que les dan 33 casas a cada una. Hay mucha violación, falta de responsabilidad del Estado con la falta de control que debió realizar porque no podían estar en ese estado. Alguien certificó y aprobó que se le pague a las empresas con ese estado de construcción, y agrava muchísimo que son los sectores más vulnerables”.

“La temática de los materiales continúa en proceso de investigación. Hay un solo ítem que pudimos descubrir en las compras, y es que la cantidad de arena comprada alcanza para construir 1.000 casas y no hay arena que haya sobrado por ningún lado, y estamos hablando de que se construyeron sólo 498 viviendas. Ante esta situación ordené una auditoría, se trabajó en forma conjunta con Contaduría, y elevamos un informe detallado localidad por localidad a Fiscalía de Estado, que determinará cuáles fueron las infracciones y si incluso hay responsabilidades penales que procedan en consecuencia. A su vez se ha solicitado la intervención del Tribunal de Cuentas, según instruyó el señor Gobernador”, indicó.

En esa línea, la funcionaria remarcó que como las casas se deben terminar, se resolvió que el Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura, por medio de un convenio con SAPEM, finalice todas las viviendas y las obras de urbanización: “Todos los equipos están trabajando para poder entregar las casas con urgencia”.

Otro de los temas a los que se refirió la interventora fueron los comodatos: “Son préstamos, o sea, sin costo. Entonces encontramos una caja, porque esto ya lo dije antes y lo reitero acá, que el sistema estaba dañado, que no hay una base de datos fidedigna. Estamos elaborando un convenio con la ULP para hacer una base de datos; los archivos no estaban como debieran, o sea, hubo desorden. Una de las cajas que encontramos tenía varios comodatos y después empieza a aparecer gente que nos extraña que tenga comodato. El comodato es una figura que no está prevista en ninguna de las leyes que nos hayan regido. La ley que nos rige está vigente desde el año 2012, y la otra ley anterior era previa, que terminó en el 2012, y en ninguna está previsto el tema del comodato, lo cual constituye una irregularidad porque desconocemos cuál fue el criterio para prestar las casas del Estado. ¿A quiénes se prestó, por qué y cuántas son?”.

En ese sentido, dijo que llamaron a una convocatoria a todos aquéllos que tengan una casa con un contrato de comodato: “El comodato salía sólo con firma de algún funcionario; o sea, es muy difícil porque no hay resolución que avale un comodato, o un decreto que avale un comodato, o sea, encontramos un contrato nada más. No voy a hacer ninguna presunción irresponsable hasta que no tenga los comodatos, pero lo cierto es que yo no sé quién tiene las casas. Puede ser que todo sea perfecto, pero ya hay una irregularidad en el comodato”.

Subrayó a su vez que uno de los grandes reclamos que recibe el Gobernador es la temática de las casas vacías: “Es la gran queja de la sociedad por muchas cuestiones, porque genera enojo, bronca y situaciones de inseguridad. Abrimos una página de denuncia, las recibimos y empezamos a auditar. Queríamos tener real conciencia de la situación, hicimos un trabajo muy personalizado. Estamos trabajando con mi equipo de trabajo, que somos 15”.

Con respecto a las casas que están vacías, aseguró que se realizaron 468 auditorías en distintas localidades como Villa Mercedes, Quines, Luján, Merlo, Juana Koslay, la ciudad de San Luis y San Francisco. De esas 468 de auditorías, en 75 casas fueron atendidos por los titulares, el resto se inició el proceso de desadjudicación: “Ya se firmaron 34 decretos de desadjudicación, para que el Gobernador readjudique esas casas a quien realmente las necesite”.

Destacó como otro caso emblemático los relevamientos que se realizaron en el interior: “Fuimos a relevar por una denuncia que tuvimos de unas casas en Quines, y sobre 20 casas que constatamos y verificamos, 19 estaban vacías. En Luján, sobre 10 había 6 vacías; y lo mismo en San Francisco; dejamos una cédula para que hagan su descargo”.

“Con sorpresa, nos encontramos con casas que confirman la razón del enojo de la gente. Por ejemplo en Luján, Elena Lucero reconoció que vive en Mendoza y venía de vez en cuando, como casa de fin de semana. Oscar Andino también vino y reconoció que vive en Villa Dolores; y en San Francisco, José Luis Sosa también por vivir en Río Cuarto. Se trata de gente que no es ni vive en San Luis. Estas casas están dadas todas, el último año y medio”.

En referencia a ello, aseveró que claramente hubo una falla en los controles y en las adjudicaciones de las casas: “Sobre esto vamos a ser muy inflexibles. Estamos trabajando y se va a hacer ahora teniendo ya el panorama de cuál es la mecánica en una forma mucho más masiva, pero siempre tratamos nosotros de ver, constatar y hablar con los vecinos, que por suerte colaboran muchísimo y ellos nos van indicando y nos dan datos”.

El empresario Aiello adquirió 10 viviendas sociales

“Desde el punto de vista moral es absolutamente reprochable”, sostuvo la interventora. “Desde el punto de vista jurídico, las casas escrituradas estarían fuera de la órbita del Estado. Digo en principio, porque he girado las actuaciones a Fiscalía de Estado, porque entiendo que se ha violado el espíritu y el fin de la vivienda social. Es el caso de la familia del señor Carmelo Aiello, su esposa Susana Anzulovich y cuatro integrantes de su familia, donde detectamos que tienen 10 viviendas sociales. Todas esas casas están escrituradas en el lapso entre el 2013 al 2015. Tiene una casa en La Punta, manzana 20, módulo 7; en el Barrio 122 viviendas; en el Barrio 121 Viviendas en Los Paraísos; en el Barrio Amppya; en el Barrio Juan Gregorio Vivas; Barrio 102 Viviendas, Barrio 98 Viviendas; Barrio Los Eucaliptus, Barrio 134 Viviendas y Barrio 134 Viviendas.

Gutiérrez de Gatto aclaró que la política habitacional del Gobierno siempre fue muy generosa y cubrió el déficit habitacional: “Cubrió todos los estamentos sociales; hemos ido desde los más humildes, la clase media, los profesionales, los gremios. Creo que todos tenemos un familiar o un amigo que tiene una casa social y es legítimo, porque el fin era cubrir el déficit habitacional. Ahora, que las casas las usemos para hacer un comercio inmobiliario con los sectores que tanto poder adquisitivo tienen, yo creo personalmente y de esto me hago cargo, que tienen el dinero suficiente para invertir en un edificio, departamentos y ahí lucrar con la renta, y no con la renta de una vivienda social”.

“Las 10 viviendas figuran a nombre de Susana Olga Anzulovich, quien tiene las propiedades 7, 8 y 9 que nombré, Eduardo Carmelo Aiello 4, 5 y 6, y Fernando Daniel Aiello la 2, 3 y 10. Las casas están compradas, las alquilan, viven de rentas de esas casas. Todas están escrituradas, por eso me dicen que como están escrituradas, en principio estarían fuera de la órbita del Estado. Todas son compradas en distintas épocas y escrituradas entre el 2013 y 2015”.

La interventoría resaltó el caso de una de las viviendas: “Hay una que llama poderosamente la atención, de la cual tengo toda la documentación porque hemos verificado y tenemos toda la matrícula del registro de la propiedad, y esto está totalmente verificado. Hay una casa que se escritura a nombre del adjudicatario –y voy a dar una fecha X- el X de octubre de 2015, escritura 244, y ese mismo x de octubre de 2015, escritura 245, por el mismo escribano, está escriturada a nombre de Susana Anzulovich. O sea, escritura correlativa en el mismo día, en el mismo momento y a la misma hora”.

De modo tal, la funcionaria sostuvo que una de las primeras medidas que tomó fue el tema de suspender las cancelaciones: “Acá se ponen en juego dos derechos que es el Estado, en realidad cuando dice escritura y da un plazo de habitabilidad y demás, pretende dar seguridad jurídica al adjudicatario, que tenga su título de propiedad que es legítimo. Ahora, lo que hizo el Estado con este propósito tan noble, terminó tergiversándose en muchos de los casos donde se encuentran casas que terminan cancelándose y escriturándose al solo efecto de la venta”.

A modo de ejemplo señaló el caso de Juan Ceferino Garro Martínez y Estela Mabel Cabito. “En la maniobra el interesado iba, compraba la casa y con escribanos de acá realizaba cesiones de derechos o poderes irrevocables”.

Otro de los ejemplos que dio la interventora fue una casa en La Punta: “Este caso lo constaté personalmente. Con la entrega de dinero de esta mujer de Buenos Aires, que no vivía en San Luis, el adjudicatario canceló su vivienda, y luego se escrituró en forma directa a la mujer y se vino a vivir a San Luis en ese momento”.

En referencia a la acción mencionada, consideró “que más allá de que en principio la ley diga que las casas escrituradas están fuera de la órbita del Estado, no se puede aceptar esto, porque el espíritu de la ley siempre fue que las casas no se venden, ni se alquilan, ni se transfieren”.

Luego prosiguió explicando que “hubo otro caso en La Punta, ‘Gustavo Javier Ochoa, a favor de Maldonado Vargas’. En el acta de constatación concurre para eso a una escribana domiciliada en la calle Caseros de San Luis; sin embargo, la escritura figura como dada en la ciudad de La Toma. Es curioso, porque él entregó la seña en enero, y en febrero canceló y escrituró la casa. Todo esto ya está en Fiscalía para que se proceda a la investigación y se determinen las responsabilidades que correspondan”.

La interventora afirmó también que tienen conocimiento de que se venden las carpetas: “Les doy dos casos emblemáticos para que entiendan la metodología y para ser prudente, porque no puedo dar todo hasta que termine el proceso de investigación. Jorge Enrique Gauto, en Merlo, es un señor que tenía un hijo enfermo y le compraron la carpeta previo a la entrega de la casa. En diciembre de 2012 se la entregaron; necesitaba llevar urgente a su hijo a Córdoba, por eso vendió la carpeta a un señor de apellido Rojo. Cuando va a entregar la casa, él dijo poner en conocimiento la situación, pero no se acuerda a qué persona de Vivienda. Rojo obliga a Gauto a que vaya a entregar las llaves y al otro día a dejar la casa. Van a un escribano, y en el contrato de cesión de derechos y acciones, Rojo manifiesta que en realidad compró para un tercero, que es el señor Loeschbor, un empleado o funcionario del Banco Nación que ya tiene una vivienda adjudicada en Merlo. Soy abogada y me pregunto: teniendo en cuenta que un escribano lo que hace es certificar una firma, en este caso, el escribano Dalossio certificaría una firma en la que digo que voy a matar a ‘Juan Pérez’, a los efectos de que no le echen la culpa a otro. Entonces, el sentido común me indica que no puedo certificar firmas de un ilícito”.

Continuó afirmando que hubo otro caso igual, en Tilisarao, donde María Elena Salomé, una señora humilde, le vendió la carpeta a un señor de apellido Aguirre, un político: “Siempre se da en estos casos, o al menos en varios, un abuso en el estado de necesidad; por eso es reprochable y hemos girado todas las actuaciones para que se actúe en consecuencia. Se desvirtuó el fin y el propósito, el fin con el que el Estado hace viviendas sociales destinadas a las familias. Nunca fue el propósito dar viviendas para lucrar con ellas”.

Gutiérrez de Gatto señaló que la Constitución determina que el Estado no es responsable de los actos de los funcionarios, pero también que los funcionarios no pueden beneficiarse del lugar en el que se encuentran: “Es legítimo tener una casa y cualquiera puede tenerla. Pero ahora la situación, en particular, es que en el año 2011 hubo 16.208 inscriptos y se han entregado, en total, 7.561 casas entre el 2011 y 2015, y en lo que va del 2016 se entregaron 1.440, y hay más 1.921 que faltan entregar y que están preadjudicadas. Quedan 5.286 inscriptos que no fueron preadjudicados y que al día de hoy no tienen su casa, porque se hicieron menos que la cantidad de los inscriptos”.

En cuanto a esta temática recordó que es importante el orden de prelación, establecido en el artículo 74 para este Plan de Vivienda, que establecía un orden de prioridad, donde los primeros son familias con discapacitados, sectores vulnerables, madres solteras y personas con mayor arraigo en San Luis.

“Hay gente a la que no se le dio la casa, y dentro de esa gente hay familias con miembros discapacitados. Quedaron 78 inscriptos con hijos con capacidades diferentes. Fuimos a ver un caso en Villa Mercedes donde Gladys, de 33 años, es madre soltera con un nene con piel de cristal, uno con retraso madurativo y una nena alérgica a todo. Le alquilan una piecita muy humilde, ha llorado tanto que nos hizo llorar a todos. Está sola, el mes que viene tiene que llevar al nene con retraso madurativo para que lo operen de un testículo. En esta circunstancias, algunos casos se agravan, y lo que es legítimo y bueno pasa a tener otro tinte. Entonces si encontramos funcionarios que han estado en Vivienda, que no pueden desconocer esta situación y se preadjudican la casa, están haciendo un beneficio del lugar que ocupan”.

Funcionarios a los que se les adjudicó viviendas

En la lista mencionó a Nilda Clementina Aranda; Yanina Vanesa Faes; Luis Damián Gil; Cristian Javier Gutiérrez; Juliana Martina Lucero; María Andrea Olmos; Karina Tatiana Orozco Moyano; Diego Fernando Pacheco; Diego Sebastián Pagella; María Cristina Pérez; hijos de María Cristina Quinteros; Diego Marcelo Rodríguez; Lara Jorgelina Ronco Della Puppa y Edgar Humberto Toledo.

“Hay una situación que la planteo porque tiene una gravedad mayor, que es el caso de Damián Gil, que era asesor cuando se preadjudicó. No se excusó, además estaba en una orden de mérito en el puesto 640 y se subió al 64; a la persona que bajaron es a la mamá de una chica discapacitada. El argumento para esto es que la casa no tenía la habilitación para la nena discapacitada; al día de hoy la nena todavía no tiene la casa”, añadió.

“La política habitacional la viene instaurando el Gobierno desde el año 1983 y es algo de lo que debemos sentirnos orgullosos. Es algo único en el país y el mundo. Yo creo que tenemos que sentir que es una política de todos y si no la defendemos, serán a nuestros hijos a los que les quiten su lugar. Ningún acto de corrupción puede ensuciar esta política habitacional, que es de todos. Les pido a todos que nos ayuden”, aseguró.

Gutiérrez de Gatto resaltó que es totalmente legítimo que cualquier ciudadano se inscriba a una vivienda construida por el Estado: “Lo que se violó fue el orden de prelación establecido por la ley, teniendo en cuenta que quedaron 5.286 inscriptos sin acceder a una casa. A esto le suma que, en algunos casos, no habitan la vivienda, y eso ratifica que no era prioritario”.

La interventora, luego de detallar cada tema puntual, respondió a las preguntas realizadas por la prensa.

¿Alguno de los vecinos devolvió la casa?

Hay personas que tuvieron la honestidad, lo debo resaltar, son cuatro personas que vinieron y dijeron: ‘Sí, renuncio a la casa’, porque no la habitaban y porque no la necesitaban.

¿Cuántas viviendas restan entregar?

Son 1.921 viviendas, distribuidas en Carpintería; Concarán; Justo Daract; La Punta; La Toma; Merlo; Nogolí; Paso Grande; San Francisco; San Luis; Tilisarao; Villa Larca y Villa Mercedes. Dicen que no queremos entregar las casas. Díganme muchachos si para un político no hay nada más lindo que un acto de entrega de viviendas. Una casa es algo fantástico, ¿cómo se les ocurre decir semejante barbaridad? Una locura.

Sólo que cuando una casa se termina , hay que terminarlas todas, y después viene la urbanización que deben brindar las empresas con todos los servicios, las conexiones, las instalaciones de gas; hay que hacer los aptos técnicos de cada una de las viviendas, mandarlo al Colegio de Ingenieros y los planos deben llegar a la Municipalidad. Hay una serie de trámites que se hacen después de que las casas están terminadas que no se pueden hacer antes, entonces hay un proceso natural, una serie de requisitos que cuando están listas se entregan a Infraestructura.

Nosotros estamos haciendo constataciones y detectamos lamentablemente muchísimo falseamiento de datos. Vamos a dar las casas a los más humildes, a los que más necesitan y que no hayan mentido. Vamos a revisar cada uno de los casos seriamente y con responsabilidad.

¿Cuáles son las próximas entregas?

En los próximos días ya salió el listado y se publicó. Tenemos que entregar Concarán, Tilisarao y Nogolí, y espero que muy pronto podamos publicar el listado de San Luis y San Francisco, que si Dios quiere salen en el transcurso de esta semana.

¿Qué sucederá con aquellas personas que compraron una casa de un adjudicatario?

Vamos a revisar todos y cada uno de los casos. Nosotros somos de la idea de que la ley prevé que se debería haber comunicado a Viviendas, entonces tengo que revisar quién cumplió con los requisitos. Todo el mundo tiene el derecho a progresar, pero ahora vamos a poner un plazo habitacional de 15 años.

¿En qué consiste la nueva Ley de Viviendas?

Está lista y la voy a poner a consideración del Sr. Gobernador. Entre las modificaciones se requerirán 15 años de escolaridad y/o trabajo en San Luis, y una habitabilidad mayor para poder acceder a una vivienda. Además se prevén medidas para que las irregularidades que están sucediendo no vuelvan a pasar.

¿Qué sucede con las empresas constructoras?

Fiscalía de Estado va a determinar los grados de responsabilidad que le competan.

Por último, la interventora aseguró que la política habitacional continuará tal cual lo dijo el gobernador Alberto Rodríguez Saá: Las casas tienen que ser para los más humildes”.

Además aseguró que se continuará trabajando en la investigación interna y externa.

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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