Legisladores opositores están dispuestos a sancionar la "emergencia alimentaria" si el gobierno no da respuestas

"Hoy todos los bloques de la oposición recibieron a los movimientos populares, iglesias y ONGs en Diputados. Se comprometieron a sancionar la Emergencia Alimentaria la semana que viene para garantizar la comida en las escuelas públicas y los comedores y merenderos comunitarios", tuiteó el dirigente Juan Grabois.

La masiva jornada de protesta que este miércoles ocupó el primer plano de la política argentina y puso en foco el hambre que se multiplicó en los últimos tres años, derivó en una reunión que resultó disruptiva: dirigentes sociales mantuvieron un encuentro con diputados de todos los bloques de la oposición (menos la izquierda) en el Congreso.

Ocurrió en el Palacio Legislativo, donde los legisladores de diferentes bancas se comprometieron a tratar en el corto plazo el proyecto de ley de Emergencia Alimentaria que el Gobierno se niega a sacar por decreto.

Tras el encuentro, distintos legisladores nacionales apuntaron de forma directa a la Casa Rosada y exigieron un Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por Mauricio Macri. De lo contrario, según hicieron saber, habrá sesión especial y, muy probablemente, una ley sancionada en tal sentido.

"El Gobierno tiene la responsabilidad de declarar la emergencia alimentaria si no es así la semana que viene vamos a convocar a una sesión especial para aprobarla en el recinto", advirtió el jefe del bloque Movimiento Evita, Leonardo Grosso.

En tanto, Victoria Donda señaló que "si no se implementa por decreto la vamos a estar sacando la semana que viene en el Congreso con la mayoría popular que representamos".

De la reunión participaron dirigentes opositores como Leopoldo Moreau, Daniel Filmus (FpV), Mirta Tundis (Frente Renovador), Daniel Arroyo (Red por Argentina, hoy en el Frente de Todos) y Juan Jose Bahillo (PJ). No hubo representantes de la izquierda en la reunión.

La ley de Emergencia Alimentaria es impulsada por los movimientos sociales y apoyada por la Iglesia Católica y la CGT, entre otras fuerzas vivas de la sociedad. Desde este jueves, los partidos opositores se abroquelaron también detrás de la iniciativa.

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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