La escalada verbal se recrudeció desde el último viernes de mayo, cuando pidió mayor compromiso a la Justicia para terminar con lo que se conoce como la puerta giratoria, donde los delincuentes entran y salen rápidamente, sin que se les dicte la prisión preventiva. El Procurador Martínez se refirió también al tema y luego se le sumó el abogado Rafael Berruezo, integrante del gabinete que conduce Sosa. El miércoles, la ministra de Seguridad se refirió nuevamente a la necesidad de abordar la problemática de la inseguridad y la reincidencia con datos reales y trabajar en conjunto para llevar tranquilidad a los sanluiseños. Aunque reconoció en la conferencia de prensa que los últimos datos con los que se contaba eran de 2021.
El tema debe leerse en clave política, ya que es una constante la política comunicacional del gobierno de Claudio Poggi de culpar de todos los males al gobierno anterior de Alberto Rodríguez Saá. No es ajeno que el Jefe de los Fiscales, Luis Martínez, perteneció a ese espacio político -incluso fue diputado provincial por el Albertismo- antes de ser Procurador.
También es necesario aclarar que hoy hay una fuerte disputa entre los poderes Ejecutivo y Judicial por las partidas presupuestarias. No resulta casual que días atrás Martínez retrucó a las quejas de Sosa diciendo que el Poder Judicial cuenta solamente con un 4% de los recursos que maneja la Provincia. “El 4% es, para decirlo en estos términos, cuánto le importa a un Estado la Justicia. Si yo le doy a la justicia sólo el 4% de los recursos que dispongo, quiere decir que le estoy asignando muy poco valor”, criticó.
La ministro de Seguridad, Nancy Sosa, días atrás informó que en estos seis meses de gestión la Policía de la Provincia concretó 1.087 arrestos y las autoridades judiciales solo formularon cargos a 117 personas. De ese total, “solo al 50 por ciento se le ha dictado (prisión) preventiva”.
También es necesario aclarar en este punto, para poder sopesar las declaraciones de la funcionaria, que no todos los cargos que se formulan llevan prisión preventiva, sino que se dictan de acuerdo a la gravedad del delito.
En un nuevo contacto con la prensa, Sosa reiteró que desde su cartera se trabaja para llevar soluciones a la ciudadanía; y consultada sobre las voces que se alzaron desde la Justicia luego de que brindó datos sobre la reincidencia expresó: “La verdad que no me interesa ampliar porque creo que nosotros tenemos una responsabilidad desde el Ministerio y también la Justicia. Básicamente lo mío fue en un marco muy respetuoso y fueron solo datos, y como ya sabemos, cualquier dato mata cualquier relato”.
Pero Sosa fue más allá y aclaró que “el delito crece de jueves a domingo y con esto yo quiero significar que ahí es donde tenemos que poner el trabajo, si se quiere, con mayor dedicación y mayor importancia para poder dar soluciones”.
Sosa informó que hay datos que reflejan la eficiencia de los ministerios públicos fiscales y “fíjense que, en el año 2021, que es lo que está resuelto, miren en qué lugar está San Luis con el 1,39% de eficiencia en lo que hace el Ministerio Público Fiscal. Esto no lo digo yo, lo dicen quienes analizan esto, no están los datos de 2022 ni 2023, pero me parece que en este sentido la intención es de mayor responsabilidad”.
Y agregó “¿Cuál es la función básicamente del Ministerio Público Fiscal? Es actuar en defensa de los ciudadanos y creo que en esto tenemos que coordinar acciones, nada más que eso”.
La titular de Seguridad subrayó la importancia de trabajar con datos certeros y con la verdad. “Yo creo que la verdad siempre causa estas cuestiones, pero me parece que, si no la abordamos desde lo que es, es muy difícil. Si nos mentimos, si le mentimos a la ciudadanía nunca vamos a poder hacer un diagnóstico real de lo que está pasando”, disparó.
La funcionaria recordó el trabajo realizado desde el primer día de su gestión, que comenzó con el reordenamiento de los recursos humanos, la compra de equipamiento, patrulleros y las capacitaciones, todo esto en menos de seis meses.
“Seguimos analizando el flujo y vemos que eso se mantiene. ¿Y dónde están las fallas? Estiramos un poco más el análisis. Tenemos tantas preventivas de tantas detenciones. Bien, y a su vez, el dato penitenciario es que el 50% de esas preventivas luego se dan de baja y se espera juicio en el domicilio. Entonces, vuelve a caer otra vez el sistema”, reflexionó.
Finalmente insistió en la necesidad de lograr mayor celeridad en las decisiones judiciales: “Tenemos una caída acá porque no se formulan los cargos, y una caída después, cuando se han formulado preventivas y luego se decide acortar el plazo de la preventiva y que el juicio se espera en libertad. Bueno, esas decisiones son judiciales y ese flujo vuelve otra vez a aumentar, porque obviamente no se toman las medidas judiciales que se podrían tomar”.
