Ahora, con los prestapiernas en bandos distintos, pero con las mismas prácticas: La nueva foto de los jueces del Superior Tribunal en calzoncillosPromediaban los '90 y El Diario, primero de San Luis y luego de la República, versión papel en offset (no existía todavía la digital y habían dejado las letras de molde de plomo) publicaba, en medio de una campaña furibunda contra "la casta judicial" (Nilei no es el primero en usar el término, ya lo usaba Adolfo) la foto de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ San Luis) en un montaje donde aparecían en calzoncillos. Hoy, medios digitales mediante y con alguno de los aportantes de piernas y paños menores para la foto trucada, en las líneas del poggismo, vuelven a la carga para "limar" al poder judicial y poner la tropa propia. Hace casi treinta años, la foto produjo "estrepito fori". Hubo indignación de algunos, risas de otros y para la población en general pasó más o menos desapercibida. Pero el resultado fue que se los "llevaron puestos" a los magistrados y se logró el objetivo de formar un supremo obediente y sumiso de ahí en adelante. Ya Claudio Poggi era miembro del gabinete de Adolfo y era mencionado por una dirigente gremial de extensa trayectoria como "el satánico doctor NO" porque siempre les negaba aumentos salariales. Hoy asistimos, por otros canales y el importante aporte de las redes sociales y medios adeptos, o directamente integrantes del aparato mediático del oficialismo, a una "limada" similar, con un objetivo parecido o más bien idéntico. Lo curioso es que "los prestapiernas" han quedado de uno y otro lado del mostrador, porque algunos siguen embanderados en El Diario y otros en el equipo cuyo mascarón de proa es El Chorrillero, secundado por Todo un país, Radio Rivadavia San Luis, San Luis +, etc. etc. etc. La lista es larga, pero para muestra... Ya se lo "cargaron" al Jefe de los Fiscales, el Procurador General Luis Martínez. Ahora van por el STJ o al menos algunos de sus miembros, los que le puedan resultar más incómodos. Es cierto que al igual que Martínez, muchos vienen con una "falla de fábrica", ya que el Procurador saltó de una banca como diputado provincial del PJ y jefe del bloque oficialista, a trabajar en la Justicia. Volviendo en el tiempo, hacia aquellos agitados '90, por nombrar solo uno -pero el más activo- Carlos José Antonio Sergnese, apoderado del PJ, ex Ministro de Hacienda y Obras Públicas y mano derecha de Adolfo, asumía y luego presidía el Superior Tribunal de Justicia, en un tramo corto, pero suficiente, para hacer los estragos que se recuerdan, que además le costaron cifras millonarias al erario provincial y condenas de la Corte Interamericana de Justicia. Por solo mencionar algunos de los desatinos del actual compañero de café de Adolfo, en un restaurante muy puntano en Potrero de los Funes o en la heladería del único shopping que tiene la ciudad capital, podemos mencionar "el caso de las secretarias" que fueron despedidas y derivó en un juicio que recién se pagó -una cifra millonaria- durante la gestión de Claudio Javier I de Alcira Gigena y Alpa Corral. En noviembre y diciembre de 1998, dos juezas, Adriana Gallo de Ellard y Ana María Careaga, fueron destituidas de su cargo e inhabilitadas para el ejercicio de la profesión por considerárselas "rebeldes" al poder político provincial. Lo recordábamos hace algunos años en Periodistas en la red, cuando "L'Adolfo" creaba su partido para presentarse a las elecciones de 2019 Pero también La Nación, en una extensa nota escrita mucho tiempo atrás por su corresponsal, señalaba que "La crisis del Poder Judicial puntano no es nueva y se gestó durante los últimos dos mandatos de Adolfo Rodríguez Saá, que gobernó esta provincia desde 1983 hasta 2000". "Todo comenzó en 1996, cuando una dura campaña periodística, encabezada por el diario La República, propiedad de la familia Rodríguez Saá, trajo como consecuencia la renuncia de cuatro de los cinco miembros del Superior Tribunal de Justicia, cuya imagen en calzoncillos publicada por aquel medio recorrió el país". "Las vacantes permitieron que el entonces gobernador y ahora precandidato presidencial del PJ designara a hombres fieles como ministros y se asegurara la mayoría en el máximo tribunal de la provincia", decía La Nación. Menos historia y más presente
La primera "cuña" contra "la justicia" de la era Poggi, fue la Ministra de Seguridad, Nancy Sosa, que se hartó de echarle la culpa a los jueces por su ineficiencia. Despúes, vino el ataque coordinado contra Martínez. Lo apretaron de todas las maneras posibles a través de los medios que controla el poggismo. El 10 de febrero Claudio Poggi insistió en la necesidad de avanzar con una reforma judicial integral y cuestionó el desempeño del Ministerio Público, encabezado por el ahora exprocurador. El 11 dimitió, el gobernador se la aceptó, pero la renuncia recién se hizo efectiva el 28 de febrero. ¿Y porqué el Procurador es tan importante? Porque en el nuevo Código Procesal Penal "El Ministerio Público Fiscal ejercerá la acción penal pública de acuerdo a las normas de este Código, dirigiendo la investigación penal preparatoria y la actuación de todos los funcionarios que participen en ella, interviniendo en todas las etapas del proceso...". Traducido, es el que lleva adelante la investigación (antes lo hacía el juez) y el que puede obviar algunas pruebas o insistir en otras, aun cuando en la fría letra de la ley, estén obligados a no "ocultar información o evidencias que puedan favorecer la situación del imputado". Es curioso que en toda la campaña contra Martínez nunca le achacaran el escándalo del Fiscal de Cámara Fernando "Chulo" Rodríguez, que manejaba borracho y chocó circulando en contramano en Villa Mercedes. Si le dieron para que tenga y para que guarde por mantener en el cargo a un fiscal denunciado por violencia de género. ¿El STJ el próximo objetivo? También en la instancia suprema de la justicia de San Luis hay "pecados originales", como en juzgados de segunda instancia y seguramente en los de primera. Por nombrar las más salientes, hay dos que se llevan los laureles: Andrea Carolina Monte Riso (esposa del ex Secretario General de la gobernación en la anterior gestión, "Micky" Berardo) y Eduardo Segundo Allende, ex Fiscal de Estado, incondicional de Rodríguez Saá. Pero también, a la hora de exhibir antecedentes políticos, Cecilia Chada, integró el gabinete en el primer mandato de Alberto Rodríguez Saá como viceministra de la Legalidad y Relaciones Institucionales. También fue asesora de la secretaría General de la Gobernación. Después trabajó en la Fiscalía de Estado. José Guillermo L'Huiller fue ministro de Educación de Adolfo Rodríguez Saá e integró el fallido gabinete del Presidente de los siete días y las siete noches. Quien ha cultivado un perfil más bajo y no se le conocen demasiados antecedentes de vida político partidaria, es el actual Presidente del STJ, Jorge Alberto Levingston y como dato de color, puede decirse que al momento de ser designado, una de las tareas más 'difíciles' para el periodismo, fue encontrar una foto del nominado. Según reseñó El Chorrillero, cuando defendió su postulación ante el Senado, que luego lo confirmó, Lévingston "se desempeñó en cuatro periodos como presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de San Luis. También fue funcionario del Gobierno entre 1978 y 1981; conjuez Federal de la capital puntana; y juez en lo Civil, Comercial y Minas Nº 2 entre 1981 y 1984". "Ocupó cargos como docente en el Instituto Santo Tomás de Aquino desde 1985-1987 y en el Colegio San Luis Rey en 1989-1990", dice entre otros antecedentes. Al momento de ser postulado, una petición en Change.org sumó mas de un centenar y medio de firmas y entre los comentarios destacados, están los de dos dirigentes de mucha preponderancia en el radicalismo, como son Claudia Rocha y Enrique Ipiña, que obviamente aplauden la designación. Los enfrentamientos entre poderes
En tandem, los medios satélites de El Chorrillero, salieron a pegarle al SIJUPU El primero, que no es menor, es el presupuestario. Poggi no quiere abrir la canilla de fondos frescos y en el STJ pretenden la autonomía y la autarquía. Es cierto que los sueldos del Poder Judicial son los peores del país, razón por la cual hubo un guiño durante el año pasado para los reclamos sindicales del SIJUPU y la respuesta mediática coordinada no se hizo esperar. También es un hecho palpable desde la construcción misma del edificio de Tribunales en la capital, que hay una necesidad creciente de espacio para que funcionen las distintas dependencias. Uno de los cuestionamientos que se hacían al momento de su inaguración, allá por los '90 era justamente, las diminutas proporciones de los espacios y en definitiva, terminó siendo una profesía autocumplida, porque el edificio quedó chico al poco tiempo.
El traspaso de la antigua Casa de Gobierno a manos del STJ, en la calle 9 de julio, trajo algo de alivio. Poggi en la actual gestión, en una tensa negociación que llevó a cabo su vice, Ricardo Endeiza, le sumó un piso del conocido como "Edificio Administrativo", a espaldas de la referida construcción histórica y le dio algo más de espacio. Pero no tienen ningún parangón con "La Ciudad Judicial" planificada y licitada por Alberto RSaá y el STJ, en el sur capitalino, que le daría por muchos años un lugar acorde a los funcionarios, empleados, judiciables y profesionales del derecho. La motosierra de Poggi detuvo el proyecto. Pero el actual gobernador quiere ir a fondo con las reformas, aunque no todas han sido explicadas de manera conveniente. Lo primero que propuso y generó rechazo de todos los sectores, fue la reducción de la Feria Judicial. No tuvo éxito. A su vez, el Poder Judicial ha implementado las suyas que no siempre están el línea con las apetencias del Ejecutivo. Poggi quiso (y parece que finalmente logró) que todos los funcionarios judiciales se sometan al ridículo test para determinar si han consumido sustancias ilegales. (Lo de ridículo va por nuestra cuenta y en este link están los argumentos), lo que se interpreta como injerencia de un poder sobre el otro.
En medio, funcionarios cercanos al poggismo (seguramente enfrentados en la interna judicial) se han pronunciado en favor del narcotest y también han cuestinado las reglamentaciones del propio Superior Tribunal, a través de una jueza a la que se le pierden los expedientes de los judicialbles en materia laboral, pero es rápida para dar amparos y resolver la cuestión de fondo, cuando los cuestionamientos están dirigidos al máximo órgano de la justicia. Entre otras cosas, le achacó al STJ de arrogarse facultades legislativas, al momento de dictar reglamentaciones para el funcionamiento de ese poder. El que está libre de pecado, que tire la primera piedraYa se ha dicho en este artículo que buena parte del sistema judicial está sospechado de poca o nula imparcialidad, que sería lo mínimo que se le podría pedir a los jueces y fiscales. Pero ¿qué garantiza que los que podría proponer Claudio Poggi sean justos y probos? En definitiva sería un cambio de figuritas, pero el álbum seguiría siendo el mismo. Distinto sería una reforma como la que se propuso en México, que, justo es decirlo, tiene sus defensores y detractores. Una de las más disruptivas, es la elección de los jueces por el voto popular. En la Argentina y particularmente en San Luis, las proposiciones siempre están en manos del Presidente, en el caso de los jueces federales y del Gobernador, en el caso de los provinciales. Después, la confirmación del Senado ha sido hasta ahora un mero trámite. En palabras de quienes proponen esto en el país del norte: “El juez va a ser nombrado por la gente, no le va a deber el favor a nadie; va a ser elegido por los ciudadanos y esa es la democracia”. La justicia electoralizada corre el riesgo de priorizar la popularidad sobre la legalidad. El riesgo es transformar a los jueces en actores políticos más que en defensores imparciales del Estado de Derecho, dicen por su parte los detractores. Lo que se sabe que faltaAl momento de defender su postulación y formular propuestas ante el Senado, Jorge Lévingston, habló de la necesidad de crear más juzgados, algo que la gestión del contador público no quiere, también cumplir con la letra de la Constitución, que propone desde 1987 (y jamás se cumplió) la creación de la Policía Judicial. En ese sentido dijo que los mandatos judiciales "deben ser cumplidas por gente especializada, y la institución no está formada para cumplir los mandatos. Debemos avanzar sobre eso”. Hablaba de la Policía de San Luis, la misma que ahora comanda la Ministra de Seguridad, Nancy Sosa, que tan enojada está con la justicia. También, en aquella sesión realizada en octubre de 2020, habló de "gerenciamiento del Poder Judicial", término que incomodó a más de uno. Lévigston hizo hincapié en la modificación de los códigos de procedimientos: “Hay que consensuarlo y además, tiene que haber voluntad política y legislativa. Estamos en un tiempo en donde debemos dar respuesta a este clamor popular de respuesta rápida y justicia eficiente”. Este es el estado de situación, con los poderes del Estado enfrentados y los ciudadanos de a pié en medio de ese cruce, que por el momento no parece tener una salida sin que escale el conflicto. Esperemos, por el bien de la comunidad, que la IA no sea el método para crear nuevos ministros en paños menores y que además de imponerse la racionalidad, dejen de primar los intereses sectoriales, partidarios o del tipo que sea para beneficio del conjunto. Por ahora, lamentablemente, la cosa no va en ese sentido, sino basta ver cómo un medio que no existe, gasta buena platita en las redes sociales sumándose al ataque.
Es curioso que un medio que todavía no está creado formalmente, gaste importantes sumas de dinero en Facebook para sumarse al coro de cuestionadores a la Justicia.
Informe: Gustavo Senn |
Julio César Niño, Eduardo Omar Gatica, Elias Taurant, Eduardo "Lalo blanco" Estrada, Carlos Bianchi, con piernas, trajes y gorras prestadas, eran ridiculizados hace 30 años
¿Cómo hace un medio de escasa trayectoria para costear semejante campaña en facebook e instagram, cuando la mayoría está fundido o a punto de fundirse?
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